La alcaldesa de Barcelona advierte que sancionará a las suministradoras si cortan servicios a gente
- Sònia Ribera Coma
- 9 abr 2016
- 2 Min. de lectura
Ada Colau exige cumplir la ley y que no se cierren los suministros básicos de agua, luz y gas por impago a familias que se encuentran en situaciones de pobreza.
Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Fuente: Youtube.com
Haciendo memoria de que la ley 24/2015 sobre la pobreza energética no permite cortar la luz ni el agua a las familias con ingresos inferiores a un 1,5 el IRSC (un índice que se sitúa en casi 8.000 euros), la alcaldesa de Barcelona ha afirmado que el cumplimiento de la ley no es voluntario, es obligatorio y sobre todo para las grandes empresas que tienen importantes beneficios y que hacen negocio con un servicio que es un derecho fundamental.
Gas Natural Fenosa ha negado que esté cortando el suministro a personas en situación de vulnerabilidad y ha recalcado que el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona en septiembre de 2014, firmado con el anterior equipo de Gobierno, para abordar los casos de pobreza energética, sigue vigente y se está cumpliendo.
Aún sin reglamento
Hace siete meses que el Parlament aprobó la Ley 24/2015, contra los desahucios y la pobreza energética. La Generalitat, sin embargo, no ha aprobado el reglamento que la debe acompañar y en el cual se ha de fijar, por ejemplo, el régimen sancionador. Desde hace un mes, la Alianza contra la Pobreza Energética denuncia el retraso y critica la nula involucración del Gobierno catalán. En su última manifestación fueron al Palau de la Generalitat y donde dejaron una copia de su borrador de reglamento.
Des del noviembre del año pasado, la alcaldesa se ha estado reunido con las compañías suministradoras con la voluntad de firmar convenios de colaboración para los casos de hogares en situación de crítica pero no se ha podido avanzar en corresponsabilización para evitar los cortes, más allá del bono social, que es insuficiente. Sin datos oficiales, porque los tienen las suministradoras, el Ayuntamiento ha estimado que entre un 7% y un 10% de los hogares sufre pobreza energética o riesgo de cortes de suministro.
Los servicios técnicos del Ayuntamiento han encargado estudios jurídicos. Y si el Consistorio tiene conocimiento de que las suministradoras cortan la luz o el gas a una familia sin tener informe de servicios sociales, de acuerdo con la ley, las multas podrían ascender a entre 10.000 y 100.000 euros. En caso de sanciones muy graves, la norma prevé incluso que las compañías no puedan trabajar con la Administración.
Ada Colau ha apelado a la Generalitat, específicamente el departament d'Empresa, a desplegar el reglamento que debería acompañar y en el que las suministradoras se amparan para no cumplir el principio de precaución, que impide cortar la luz sin conocer la situación socioeconómica de sus clientes
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