¿Es viable el sistema público de pensiones?

El ministro de Empleo y Seguridad Social que salga escogido a partir de las urnas en las próximas elecciones del 26 de junio no tendrá más remedio que recurrir al fondo de reserva para poder sacar el dinero suficiente para pagar el pago extra de verano de las más de nueve millones de pensiones que existen, tal y como afirma la periodista Raquel Pascual Cortés en su artículo “A la ‘hucha’ de las pensiones le quedan tres años” publicado el día 4 de abril en Cinco Días.

La primera vez que se tuvo que acceder al fondo de reserva de la Seguridad Social, el cual se creó en el año 2000, a raíz del Pacto de Toledo, con el objetivo de poder hacer frente a épocas de baja recaudación, fue en la llegada de Mariano Rajoy (Partido Popular) al Gobierno de España, en 2012. En ese momento, la crisis (empezada en el año 2008) ya había acabado con un total de 2,5 millones de empleos, de forma que ya había una gran cantidad de población activa que dejaba de cotizar.

La reforma laboral impulsada por el Partido Popular (PP) al principio de su legislatura tampoco tuvo buenos resultados, pues se destruyeron 1,2 millones de trabajos más. Dicha reforma, además, facilitó a los empresarios que pudieran bajar los sueldos de sus trabajadores con el argumento de la crisis y de la necesidad de hacer recortes para que la empresa pudiera tirar adelante. También, la reforma promovió la contratación temporal y el abaratamiento del despido. Viendo el panorama social y laboral, los trabajadores tenían que conformarse con aceptar la bajada de sueldo e incluso “dar las gracias” ante la amenaza de acabar en el paro: era la única alternativa a los despidos, afirmaron.

Como consecuencia directa a este panorama, los ingresos que registraba la Seguridad Social fueron siendo menores cada mes, a la vez que el paro aumentaba y los salarios disminuían. Este vacío ha ido siendo cubierto por el Gobierno mediante pagas extras a los pensionistas a partir del dinero ahorrado en el fondo de reserva. Con las cotizaciones y la recaudación para el pago de las pensiones a la baja, empezaban a asomar voces que alertaban del problema al que nos estábamos acercando.

La pensión de jubilación media se situó en el mes de septiembre del pasado año en 1.024,95 euros mensuales, un 2,19% más que en el mismo mes del año 2014, y para 2016 el pago de las pensiones se lleva 38,5 euros de cada 100 de los Presupuestos Generales del Estado.

A la mala situación del mercado laboral en España, además, se le suma otro factor social que también tiene influencia en el sistema de pensiones del país y que no se sabe en qué desembocará: la independencia de Cataluña.

¿Una supuesta independencia de Cataluña supondría una amenaza para el sistema de pensiones? Actualmente en Cataluña, hay un clima social muy marcado por el proceso independentista y tanto los que están a favor o en contra hacen previsiones sobre qué pasará si, finalmente, el proceso culmina con la independencia. Según los expertos, este hecho no significaría ningún peligro para el sistema de pensiones. Tal y como asegura Concepció Patxot, economista y profesora en la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) y miembro del Centro de Análisis Económico y de Políticas Sociales (CAEPS), “es una afirmación bastante absurda porque el problema que tenemos en Cataluña lo tenemos también en España”. Además, destaca que “en los próximos 15 años, si separamos la sostenibilidad del sistema de pensiones de Cataluña y España, sistemáticamente, la sostenibilidad de Cataluña es mejor, aunque es cierto que solo ligeramente”.

En términos generales, en los últimos 10 años, el empleo, en la Comunidad Autónoma, ha sido mejor, de forma que hay más cotizantes. Por su parte, Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos (CED), coincide en el análisis hecho por Patxot: “La economía catalana funciona igual que la española. Por lo tanto, si la española puede mantener a los pensionistas, Cataluña puede hacerlo tanto o más”.

Bajo este contexto, es imposible no preguntarse lo siguiente: ¿Es viable el sistema actual de pensiones español? ¿Están en peligro las pensiones públicas? ¿Los jóvenes van a poder cobrar su pensión cuando se jubilen? ¿Es suficiente con ir aumentando, progresivamente, la edad de jubilación? Seguramente, las respuestas a estas preguntas sean objeto de debates y solo suposiciones, pero siempre basadas en argumentos sólidos y analizando la trayectoria registrada y los datos que manejamos. Consultando datos objetivos y conociendo las “reglas del juego”, llegamos a una serie de conclusiones y posibles previsiones que hay que considerar.

Cotizando toda una vida: jubilado antes de tiempo por falta de expectativas laborales

Antonio Sánchez tiene 61 años y está jubilado. Nació en Salamanca y emigró a Cataluña cuando apenas tenía 16 años para buscar trabajo, pero, con tan solo 13, ya cotizó trabajando como ayudante en un estudio de fotografía. Una vez instalado en Barcelona, se dedicó a la construcción hasta que entró en la fábrica Hispano Suiza. En esta última estuvo 10 años con jornada completa, incluyendo sábados y festivos. Tras pasar por dos fábricas más, estuvo un año trabajando como camarero sin cotizar y cobrando en negro. Después de esto, su carrera profesional dio un giro y empezó a dedicarse al mundo del transporte en diferentes empresas. Con 52 años y con un país inmerso en una profunda crisis, los intentos por buscar empleo se fueron difuminando hasta que una ayuda laboral de 6 meses le hizo volver a cotizar gracias al plan E para fomentar la inserción laboral, pues se le acabó el paro y cogió la ayuda familiar de 420 euros para mayores de 54 años. Entonces, estuvo hasta los 60 ayudando a su mujer en el mundo de la limpieza y finalmente, con 61 años, se jubiló teniendo 44 años cotizados. Actualmente, cobra 890 euros divididos en dos pagas. Pese a que se podría haber esperado a los 65 años y haber tenido una mayor paga, decidió jubilarse antes por la poca expectativa de encontrar trabajo y el bajo ingreso que por parte del gobierno recibía. Además, Antonio tiene un plan de pensiones privado desde hace 20 años por el cual paga 165 euros cada 3 meses.

Del establecimiento del sistema de pensiones públicas hasta la reforma del año 2011

El primer sistema moderno de pensiones lo instauró el canciller Otto Von Bismarck el año 1889 en Alemania con el objetivo y la premisa de que, si se mejoraba el bienestar de los obreros, se favorecía la economía, a la vez que se evitaban posturas socialistas más radicales. En ese momento, la edad de jubilación se fijó en los setenta años y, más tarde, en los 65. Todo esto en una época en que la esperanza de vida era de tan solo de 45 años. En el año 1919, se introdujo en España el retiro obrero obligatorio cuando solo llegaba a la jubilación el 35% de la población, debido a las malas condiciones de vida y laborales que sufrían los ciudadanos del momento.

Actualmente, a causa de la mejora general en el ámbito de la salud, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Los demógrafos constatan que la vida se ha alargado un total de 40 años de media en el último siglo: cada cinco años se gana 1 año de esperanza de vida. Además, se estima que en 2099 la esperanza de vida será de 120 años. Se vive más y, por tanto, cada vez hay más jubilados en un contexto de poca natalidad.

En la década de los 90 del siglo pasado, había un total de cuatro personas en edad de trabajar y disponibles para mantener un pensionista. Pero los estudios y previsiones actuales advierten la necesidad de cambios, ya que se calcula que, alrededor del 2050, habrá la mitad. Una huelga general de 24 horas fue la respuesta a la primera reforma de pensiones de hace 30 años, la cual se hizo bajo el mandato del gobierno socialista de Felipe González. Era el año 1985, y con dicha reforma se endurecieron las medidas para acceder a una pensión y se recortó su importe. De esta forma, se iniciaron una serie de cambios que abrieron la puerta a los planes privados de pensiones.

Entonces, se creó una comisión parlamentaria de pensiones y se produjo el Pacto de Toledo, que fijó que todas las pensiones tuvieran que pagarse mediante los trabajadores y con el superávit que tenía la Seguridad Social en esos momentos se creó un fondo de reserva. El año 2011, se aprobó el alargamiento de la jubilación hasta los 67 años, en vez de a los 65, y el cobro de una pensión inferior. Así pues, las reformas se hicieron por la presión de la Unión Europea y los mercados financieros.

Una sociedad envejecida y un problema multifactorial

Gracias a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, la esperanza de vida de los españoles ha aumentado mucho en las últimas décadas. Vivimos más, pero traemos menos niños al mundo, de forma que estamos en un país de población envejecida.

La demografía es importante para el sistema de pensiones. Pero como explica Albert Esteve (CED), el envejecimiento de la población no es suficiente para arruinar el sistema público de pensiones. Es decir, existen otra serie de factores que inciden de manera directa en el funcionamiento del sistema y primordialmente, se deben tener en cuenta las relaciones entre otros factores que influyen en su funcionamiento.

En este sentido, Josep González, economista y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), asegura que la relación directa entre demografía y pensiones quedaría difuminada si se aumentase la productividad del trabajo y los salarios, ya que por cada jubilad se necesitarían menos cotizantes.

Josep González explica durante la entrevista por qué debe aumentarse la productividad. Fuente Propia

España en el año 2015, contaba con una población de 46.121.000 habitantes. La pirámide de población española, actual, concentra la mayor parte de la población entre los 40 y los 70 años. Conforme se va bajando de los 40 años, los datos van siendo cada vez menores –los jóvenes de 20 años son, aproximadamente, la mitad del total de adultos de 50 años–, de forma que es inevitable pensar que, en un futuro próximo, este hecho va a representar un problema para el sistema de pensiones del Estado español.

Este sistema se basa en el repartimiento, es decir, el dinero que los trabajadores cotizan a la Seguridad Social se destina a las pensiones. Concepció Patxot (UB) afirma que “el problema es, básicamente, demográfico”. Además, destaca que el sistema de pensiones en España está financiado por una vía de reparto: “Esto quiere decir que el Gobierno toma las cotizaciones de un año y en el mismo año, el Gobierno paga las pensiones con ese dinero. Es decir, no se capitalizan, que es el sistema contrario”. Este último consiste en un sistema de ahorro personal, es decir, el más cercano a un plan de pensiones privados.

Pero Albert Esteve (CED) cree que el problema real de las pensiones no tiene una base demográfica. Para Esteve, el sistema de pensiones genera mucho alarmismo porque la próxima generación que se va a jubilar, denominada “baby boom”, provocará un profundo ensanchamiento de la pirámide demográfica. Sin embargo, Esteve (CED) remarca que el aumento de la esperanza en pocos años hasta los noventa años de vida, conllevará un ajuste en la edad de jubilación e inclusive se podrían plantear otros escenarios como el de combinar una pensión con un trabajo a media jornada. Por tanto, sentencia “dudo mucho que peligre el sistema de pensiones”.

Sin embargo, aunque Esteve (CED) ofrece una visión positiva de la viabilidad de las pensiones, también cabe destacar que, en la actualidad, ya estamos viendo en qué situación se encuentran los países en los que el “baby boom” empezó con anterioridad a España, y el escenario resulta incierto. El mismo Esteve (CED) y Patxot (UB) alertan que estos países –como Estados Unidos y Alemania- no tienen una regeneración real de empleo. Es decir, los trabajos que dejan vacantes estas personas que se están a punto de jubilar se denominan “trabajos perdidos” porque ya no existen hoy en día.

Por otra parte, el sistema de pensiones público interpela a la totalidad de la economía, y como indican Esteve (CED) y Luisa Montes, asesora jurídica de Comisiones Obreras (CCOO), el problema no es demográfico, sino que, más bien, pertenece a la esfera política. En resumidas cuentas, se trata de formular los mecanismos adecuados que aseguren el reparto de la riqueza de forma más justa. Como afirma Montes (CCOO), si se reducen las pensiones, disminuye el consumo de los jubilados y por consiguiente se genera una distribución de la riqueza injusta poco acorde a los derechos y expectativas de los jubilados.

Albert Esteve (CED) ofrece una visión ciertamente opuesta a la de Ció Patxot (UB) en cuanto a quién tiene la culpa de que el sistema de pensiones no funcione. Patxot (UB) cree que se trata de un problema, básicamente, demográfico a lo que Albert (CED) responde: “existe una tendencia generalizada en culpar a la demografía del colapso de las pensiones”. Y prosigue, “no se puede admitir que se culpe a la demografía solo cuando te juega en contra”. En lo que sí coinciden Patxot (UB), Esteve (CED) y Montes (CCOO) es en que, a raíz del Pacto de Toledo, se creó un fondo de reserva para poder hacer viable el sistema. Sin embargo, esta “hucha” se ha usado para otros fines, como pagar el déficit público, lo que ha provocado que este fondo está prácticamente agotado.

Y, quizás, la cuestión sea comprender que las complicaciones en el sistema de pensiones español surgen de distintos factores como la demografía, el estado de la economía del país y las políticas aplicadas por el Gobierno.

Prejubilaciones: nuevo método de las empresas para ahorrar costes

Josep Tor tiene 60 años de edad y está prejubilado desde hace tres años. Ingeniero industrial de profesión, trabajó en el sector ferroviario y después estuvo trabajando durante casi 25 años para una multinacional de electricidad. Cuando empezó la crisis, Tor explica que la empresa empezó a acumular pérdidas y le propusieron acogerse a un plan de prejubilaciones. En aquel momento, según Tor, “Estaban prejubilando a todos los compañeros que llevaban muchos años en la empresa y me imaginé que en algún momento me lo iban a ofrecer a mí también.” La empresa le ofreció un plan de capitalización en lugar de un despido con indemnización en el que la multinacional se desvinculaba de la relación contractual con él, pero le garantizaba un sueldo mensual y la cotización a la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. A efectos prácticos, “es como si estuviese trabajando todavía hoy”, afirma Tor.

Este no es un caso aislado, ya que la crisis económica que ha sufrido España ha provocado que, las empresas, para ahorrar costes, hayan prejubilado muchas personas en edad de trabajar. Este fenómeno, como indica Chelo Chacartegui, doctora en derecho del empleo y seguridad social de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), entra en contradicción con la intención de alargar la edad de jubilación, recomendada, directamente, por la Organización Internacional del Trabajador (OIT). La reforma laboral, a palabras de Chagartegui (UPF), “intensifica la posibilidad de poder despedir por causas económicas y le otorga al empresario la potestad de justificar las causas del despido"

Muchos de los despidos económicos o prejubilaciones implican que quien en realidad está asumiendo los costes de la extinción contractual es el Estado. Además, por un lado, hay menos gente que cotiza y, sin embargo, va a cobrar del sistema, y por otro, los riesgos que no tendría que asumir el sistema que, a causa de las prejubilaciones, los cubre.

Y esto no se dice mucho y es una cuestión importante porque la Unión Europea (UE) lo que está diciendo es justo lo contrario: que hay que alargar la edad de jubilación. La Comisión Europea (CE) en su libro verde de las pensiones está diciendo que se debe fomentar la flexibilidad laboral y alargar la edad de jubilación porque si no, cuanto más se acorta esta edad de jubilación, hay más pensionistas que acceden al sistema y se vuelve más insostenible. Este hecho, también, provoca que el Gobierno quiera endurecer los requisitos para acceder al sistema de pensiones.

Respecto a este tema, en España, según Chagartegui (UPF), “tenemos una contradicción impresionante, ya que estamos enviando gente, aún, joven a la jubilación”. Y imaginaros lo que supone hacer prejubilaciones en la madurez de la vida. Algo, totalmente, absurdo des del punto de vista de sostenibilidad y, también, de la perspectiva que, hoy en día, estamos alineados con lo que dice Europa y es nuestra justificación para muchas cosas. Y, en este caso, lo que dice Europa es que hay que alargar la edad de jubilación. Entonces, por un lado, se está alargando hacia los 67 años y, por el otro, lo que vemos en la práctica es que se prejubila.

Para garantizar una vida digna se debe huir de la precarización

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en su artículo 23 que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Y, obviamente, tiene derecho a un trabajo que le permita tener una vida digna y acceder a otros derechos recogidos en la misma declaración como el derecho a una vivienda. En este sentido, la asunción de estos derechos debe servir para promover la igualdad entre los ciudadanos dependiendo solo de su condición como tales. Así pues, el trabajo habría que utilizarse como factor para el desarrollo y crecimiento de cada país y de las personas.

Sin embargo, en el caso de España como en el de otros países, se ha estado implementado un modelo laboral de precarización des de después de la transición. De este modo, responsabilizar, en su totalidad, a las políticas de austeridad del insostenible nivel de paro y del aumento de la pobreza es una manera de simplificar una problemática que no solo afecta a la vida laboral, sino que, como consecuencia, tiene una repercusión inmediata en la precarización del sistema de pensiones. Y es que, tal y como apunta la Chelo Chacartegui (UPF), al fomentar un empleo precario y de poca calidad hay menos cotizantes y, además, hay gente que consume menos. Con lo cual, el mercado laboral no se activa como tendría que hacerlo y, en consecuencia, hay un estancamiento perjudicial para el crecimiento económico. Por tanto, el epicentro del asunto no es si hay suficiente dinero para mantener las pensiones, sino cómo hacer para que el sistema sea viable: un conjunto de medidas que se deben aplicar desde la educación y el empleo para mejorar las pensiones.

En este sentido, Chacartegui (UPF) reitera que el modelo español de pensiones genera mucha desigualdad, empobrecimiento y vulnerabilidad, porque ya viene de un modelo laboral con estas características. Según lo dicho, este sistema aumenta las brechas entre personas que han cotizado carreras laborales largas (cada vez, son menos), personas que están cobrando el mínimo (alrededor de los 600 euros) y personas que ni siquiera pueden cobrar el mínimo y les corresponde una pensión asistencial (cubierta por impuestos) alrededor de los 400 euros. Y, lo esencial, es que existe una desigualdad des del acceso a la educación al ámbito laboral.

En el contexto en que España es el país con el salario mínimo interprofesional (655’20 euros mensuales) más bajo de la Comunidad Europea, fomenta el abaratamiento del despido y la contratación temporal y promueve las políticas de privatización y subida de impuestos. Según Luisa Montes (CCOO), no se puede garantizar ni una vida digna ni la subsistencia. Un hecho que hace que España sea uno de los países democráticos donde, cada vez, hay más pobreza desde los jóvenes en paro o como becarios hasta la gente mayor con una pensión insuficiente. Y, con todo esto, no es que se garantice un plan de pensiones, es que no se puede garantizar una vida digna: un techo, una comida.

Y esta falta de contratación y más en las personas que superan los 50 años, provoca que haya un gran nombre de personas que puedan quedarse sin pensión por falta de años cotizados. Este es el caso de Teresa Coma de 52 años y 14 años cotizados. Nacida en Barcelona, titulada en administración y contabilidad, trabajó durante 4 años en una tienda de topa como dependiente y llevando la contabilidad. Más tarde, llevó la contabilidad en una administración de lotería durante 1 año. Tras este trabajo, estuvo 8 años en paro y en el año 2.000, entró a trabajar en una empresa de confección de corbatas como cosedora, durante 9 años. Después de quedarse embarazada y el despido en esta última empresa, aunque ha buscado ofertas laborales, no ha vuelto a trabajar. A día de hoy, se enfrenta a una cotización insuficiente que por lo que se plantea, de cara a su futuro, el pagar el autónomo para poder cotizar el último año que le queda para poder así acceder a la pensión mínima.

Así pues, para Teresa el pago a los autónomos es su alternativa a la falta de años cotizados mientras que para Mari Carmen Sánchez, de 53 años, es su día a día. Ella empezó a trabajar, directamente, en negro y, por lo tanto, sin cotizar hasta que, a los 25, fue contratada, por primera vez, en una fábrica de lámparas. Allí, estuvo 3 años y, después, abrió su propia empresa y se hizo autónoma. Cuando cerró la tienda, trabajó 4 años asegurada en una empresa de limpieza y, tras esto, decidió montar su propia empresa de limpieza en la que trabaja actualmente. Hoy en día, lleva 16 años de autónoma. Al principio de hacerse autónoma, se sumó al plan básico de cotización en el que pagaba 240 euros mensuales, pero cotizaba menos. Entonces, al cumplir los 50, su gestor le recomendó unirse a otro plan en el que pese a pagar más a final de mes (casi 500 euros) cotiza más por lo que, si se jubila a los 65, le quedaría una pensión de unos 1.200 euros. Una de las ventajas de este último plan es, además, que tiene opción a baja por enfermedad. Mari Carmen tiene un plan de pensión sin usar y opina que es más útil un plan de pensión y de vida que le permite retirar el dinero cuando lo necesita.

Reformas y cálculo del sistema de pensiones

Las proyecciones existentes debido a la cercana jubilación masiva de la generación del “baby boom”, el aumento de la esperanza de vida, la reducción drástica de la natalidad y la tardanza de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral hicieron que el Gobierno llevase a cabo una profunda reforma del sistema de pensiones. Esto supuso nuevos cambios para definir y calcular las condiciones del pensionista en España.

En el año 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Partido Socialista) y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para la reforma de las pensiones con el objetivo de poner al día el sistema para garantizar la sostenibilidad del mismo a largo plazo. La reforma quedó reflejada en la Ley 27/2011, sobre la actualización, adecuación, modernización del sistema de la Seguridad Social, vigente en la actualidad.

Esta Ley entró en vigor el 1 de enero de 2013 e implicó alargar la edad legal de jubilación progresivamente en un periodo de 15 años, que pasará de los 65 a los 67 años en el año 2027. Por otra parte, el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión pasó de 15 a 25 años, aunque de “aplicación paulatina hasta el año 2022”, tal y como dicta la Ley. Además, para cobrar el 100% de la pensión será necesario haber cotizado 37 años, y no 35 como hasta hace unos años. Esto será una excepción para aquellas personas con una larga trayectoria profesional u oficios peligrosos que podrán seguir jubilándose a los 65 años, siempre que hayan cotizado 38 años y medio.

Patxot (UB i CAEPS) opina que la decisión de aumentar la edad de jubilación es acertada en vista de la situación actual: “Claramente la solución de aumentar la edad de jubilación es buena, no solamente porque empezamos a trabajar más tarde, sino porque además ha aumentado la esperanza de vida [...]”. La medida tiene sentido, ya que lo que se está haciendo es ajustarse a los cambios demográficos”.

En 2013, el Gobierno del Partido Popular introdujo la última reforma de las pensiones, que se sumaban a las cometidas en el 2011 por el Partido Socialista. Esto supone que las pensiones ya no se actualizan conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), sino con el Índice de Revalorización (IR), el cual, según Chacartegui (UPF) es un eufemismo para engañar a los jubilados y recortarles la pensión el máximo posible. Además, la prestaciones suben como mínimo un 0,25% cada año, independientemente del IPC. Es decir, por mucho que el nivel de vida aumente, las pensiones lo hacen a otro ritmo creando, así, un desequilibrio y una bajada del poder adquisitivo de los jubilados.

El factor de sostenibilidad es otra variable clave introducida, pues toma en cuenta la esperanza de vida del país en el momento de hacer el cálculo de la pensión. De esta manera, si ésta aumenta, la cuantía de la pensión disminuye. Se pondrá en marcha en 2019 y se revisará cada 5 años. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy valoró que con todo este conjunto de correcciones en el sistema de pensiones se ahorrarán 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.

Todas estas medidas afectarán por igual, tanto a los trabajadores del Régimen General como a los trabajadores Autónomos, con la gravedad de que estos últimos, son el colectivo con la pensión media más baja del país, en torno a los 640 euros y son los que más van a ver disminuido el poder adquisitivo de su pensión a la hora de jubilarse.

Ángel Talavera, economista de la Eurozona, explica en un estudio reciente titulado “Sistemas de pensiones en España - Iceberg a la vista” (Oxford Economics, 2016) que “el aumento de la edad de jubilación tendrá efectos positivos en las finanzas públicas, añadiendo hasta un millón más de trabajadores en la población en edad de trabajar. En esta línea, la producción aumentará moderadamente. Además, se estima que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) sea en torno a un 0,2 % adicional al año de aquí a 2040”. A parte, remarca que estos cambios ayudarán a España a ganar algo de tiempo hasta que se encuentre la voluntad política para implementar reformas estructurales para garantizar que la red de seguridad social actual pueda ser económicamente viable en las próximas décadas.

Lo cierto es que todo indica a que en un futuro deberán llevarse a cabo nuevas reformas, quizás dolorosas e impopulares pero necesarias, en vistas del contexto económico y demográfico. De hecho, hay expertos, como la Chacartegui (UPF) que no descartan la posibilidad de que se deba inyectar dinero al sistema de pensiones vía impuestos, pues la recaudación no será suficiente.

Pese a que el sistema de pensiones está garantizado en España, de una forma u otra, según los cálculos y ecuaciones, todo desemboca a una reducción escalonada de la pensión media. Es por ello que habrá que replantearse la idea de abrirse un plan de pensiones privado como complemento a la pensión percibida. Un tipo de plan que Chacartegui (UPF) acusa de inconstitucional, ya que la pensión es un derecho y como tal debe ser percibido y garantizado en su totalidad a través del sistema público.

¿Hacia dónde vamos?

El futuro de las pensiones está en el aire. Las previsiones dependen mucho del punto de vista de cada uno, pero no son pocas las opiniones de varios expertos sobre cómo será el futuro (más próximo o más lejano) de las pensiones en España.

El Gobierno, por un lado, promueve los planes de pensiones privados. De hecho, el Ministro de Trabajo en la legislatura socialista de Zapatero, tenía un plan de pensiones privado y era lo que respondía, a veces, cuando le preguntaban por el sistema público de pensiones. El mensaje que lanzó con esta acción es: “haceros planes privados porque lo público, cada vez, va a peor y no va a poder cubrir la jubilación el día de mañana, y si lo hace, va a ser por una cantidad mínima que se necesitará complementar para vivir de una manera digna.”

Esta misma reflexión o una similar hizo Conchi Sánchez que a sus 34 años está trabajando. Licenciada en Turismo, lleva desde los 16 años trabajando en todo tipo de empleos: una fábrica de libros, camarera en un restaurante, como seguridad en campos de fútbol, el Temple Expiatori de la Sagrada Familia, etc. Por lo que lleva cotizados más de 10 años. Actualmente y desde hace 9 años, trabaja en Turisme de Barcelona como informadora. Debido a la preocupación por la inseguridad laboral y el sistema de pensiones actual, se ha creado un plan de pensiones privado en la aseguradora Catalana Occidente por el que pretende tener un salvavidas para el peor de los casos. Pese a que lleva muchos años trabajando, lo que en un futuro puede desencadenar en una buena jubilación, no cree que llegue a disfrutarla porque cree que cada vez más la sociedad está envejecida, hay menos nacimientos y además la esperanza de vida aumenta a pasos agigantados.

El futuro de las pensiones va a depender mucho de cuál vaya a ser el panorama político, dado que las políticas de austeridad y las políticas de derechas no van en el buen camino que recomiendan los organismos internacionales para sostener las pensiones públicas.

Estos organismos, sobre todo la OIT (organización de Naciones Unidas). Es una organización que se encarga de todo aquello que se relaciona con temas laborales y de seguridad social. Y lo que dice es que, básicamente, se tiene que generar empleo de calidad para poder sostener las pensiones. ¿Qué ocurre? Con el empleo precario actual, la ratio de cotizantes-pensionistas es muy baja. Con lo cual, la política que se siga a nivel de mercado de trabajo va a condicionar la sostenibilidad de las pensiones y de Seguridad Social. Según Chacartegui (UPF), las pensiones no están en peligro, son las políticas que se están siguiendo las que ponen en peligro las pensiones.

La ratio en España que necesitaríamos para ir bien es, aproximadamente, de 2’7 personas en activo por cada jubilado, recalca Chacartegui (UPF). Y, ahora mismo, ésta oscila entre 2’2-2’3, y eso no es suficiente para mantener el sistema holgadamente. Por este motivo, hay que plantear si, a través de impuestos, se necesitará inyectar dinero para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

Tal y como está la situación actualmente, llegará un momento en el que todos los jubilados cobraran la pensión mínima y los más afortunados un poco más.

Un mercado de trabajo fragmentado y atomizado con contratos a tiempo parcial, repercute, indudablemente, en la Seguridad Social. Chacartegui (UPF) lamenta que vayamos hacia un modelo asistencial para cubrir las necesidades básicas de la gente, ya que, de este modo, se está empobreciendo un sector muy amplio de la población.

Como se ha comentado con anterioridad, la jubilación de la generación del baby boom provocará un descenso de la población en edad de trabajar. Este hecho, provocará un incremento muy grande de la proporción de gente mayor en la pirámide de población. Esto es un proceso demográfico que tiene consecuencias fiscales. “Lo peor que puede pasar es que caiga la pensión a la mitad”, pero esto pasará hacia 2030. No obstante, el aumento de la productividad ayudaría. La buena noticia es que cuando el “baby boom” se jubile, el mercado del trabajo se quedará vacío, la gente joven tendrá más oportunidad, caerá el paro y se podrá buscar trabajo. El problema es que habrá que competir con los futuros inmigrantes (y muchos de alta cualificación) que vengan. El paro también ayudará, porque en el momento en el que haya menos paro, habrá más cotizantes.

Por otro lado, un informe realizado por Ignacio Zubiri, profesor de economía de la Universidad del País Vasco (UPV), y publicado por la Fundación Cajas de Ahorros (Funcas) revela que, en el futuro, las pensiones bajarán su importe en un 35% a causa de todos los cambios que se han introducido entre los años 2011 y 2013, los cuales han garantizado los ingresos del Estado, pero no han tenido en cuenta los derechos de los pensionistas.

Zubiri cree que la reforma que se produjo en el año 2011 en el ámbito de las pensiones hará que se produzca una rebaja media en la pensión vitalicia de, aproximadamente, el 20%, mientras que la del 2013 añadirá a este valor una disminución del 15%. El investigador cree que hay que hacer una nueva reforma que acabe con las medidas adoptadas hasta el momento y que permita al sistema acceder a recursos adicionales que garanticen a los pensionistas una tasa mínima. Destaca el hecho que, después de su investigación, está de acuerdo con mantener la edad de jubilación en los 67 años y con eliminar las prejubilaciones, pero también considera necesario aumentar los ingresos del sistema mediante la subida de las cotizaciones y la creación de un impuesto nuevo sobre el patrimonio y las ventas de las grandes empresas.

Desde el punto de vista de González (UB), el futuro de las pensiones no depende tanto de un problema demográfico. En términos generales, éste futuro se presenta bien por una razón muy sencilla: porque las pensiones dependen más de un problema económico. Entonces, en la medida en la que la economía siga creciendo y aumentando, habrá cada vez más recursos. Por lo tanto, el problema de las pensiones no es tanto cuántos trabajan respecto a cuántos cobran las pensiones porque de lo que dependen, principalmente, es de cuánto producen los que trabajan.

Es bueno que se alargue la esperanza de vida -afirma González- y la cuestión es saber cómo de grande es el pastel para destinar una mayor o menor cantidad a las jubilaciones. Lo relevante es la productividad de los que trabajan. Y cuando nadie trabaje a causa de la robotización, habrá producción, y el sistema se podrá mantener igual.

De todo esto, se desprende la premisa que el sistema de pensiones público es un instrumento indiscutible en una sociedad democrática y en la que el ciudadano debería ser el centro. Se debería entender que las personas no trabajan solamente para beneficiar el sistema, sino que a ellos les corresponde, más por derecho, poder disfrutar, completamente, de sus años de jubilación garantizando un sistema sostenible y acorde al nivel de vida para no tener que preocuparse cada mes si llegan a final de mes o, como Montes (CCOO) apunta, si podrán pagar la residencia. En este sentido, la cuestión no es solo la viabilidad del sistema de pensiones público, si no que se invierta en educación y mercado laboral para poder ofrecer unas pensiones recompensando los años trabajados y toda la aportación, tanto a nivel económico como social, que se ha aportado al sistema y no una pensión asistencial. Por tanto, la viabilidad es importante, pero prima crear un estado del bien estar real y fomentar los derechos des de la base. Por ese motivo, en lo que incumbe a los ciudadanos, fueron elegidos los políticos: para procurar el equilibrio y para responder a las demandas de la sociedad.